Irlanda reformará sus leyes para autorizar
el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro, después de la conmoción
causada por la muerte de una mujer india en un hospital porque los médicos se
negaron a interrumpir su embarazo.
Savita Halappanar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció
de septicemia después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto,
tras alegar que la ley impedía hacerlo mientras latiera el corazón del feto,
pese a que la salud de la mujer se deterioraba.
Su muerte conmocionó a la sociedad irlandesa y reabrió el debate
sobre la necesidad de aclarar en qué circunstancias se podrá poner fin a un
embarazo si la vida de la madre corre peligro en Irlanda, donde más de 4.000
mujeres viajan cada año al Reino Unido para abortar.
En la actualidad el aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la
vida de la madre está en riesgo, pero esto está sujeto a la interpretación de
los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por
miedo a ese vacío legal o por convicciones religiosas.
La nueva ley, que podría entrar en vigor en el primer semestre de
2013, sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo
en circunstancias muy limitadas siguiendo directrices muy vagas recogidas en la
Constitución.
El ministro irlandés de Sanidad, James Reilly, aseguró hoy que es
"muy consciente" de las dificultades que presenta la cuestión del
aborto en un país tradicionalmente católico, pero reiteró el
"compromiso" adquirido por el Gobierno para "reforzar" la
"seguridad" de las mujeres.
"También aclararemos qué es legal para los profesionales que
deben ofrecer ese tratamiento (interrupción del embarazo), al mismo tiempo que
han de tener siempre en cuenta el mismo derecho a la vida del no nacido",
declaró Reilly.
La Constitución irlandesa sitúa en un nivel de igualdad el derecho
a la vida de la madre y del feto, una cuestión intocable para el poderoso
"lobby" antiabortista de este país, que ya se ha declarado opuesto a
las intenciones de reforma del Gobierno de coalición entre el democristiano
partido Fine Gael (FG) y los laboristas.
También desde la filas de la formación conservadora se ha
advertido de que no se tolerará una ley que permita una situación de
"aborto a la carta", al tiempo que algunos laboristas podrían
considerar que no va lo suficientemente lejos para que Irlanda cumpla con las
obligaciones adquiridas tras sendas sentencias de los tribunales irlandeses y
europeos.
El primer ministro del país, el conservador Enda Kenny, ya ha
confirmado que los diputados de su partido deberán acatar la disciplina del FG
cuando la nueva ley se someta a votación el próximo año, posiblemente antes de
Semana Santa, después de un proceso de debate en el Parlamento nacional que
comenzará a principios de 2013.
Al anunciar hoy los planes de reforma, el Ejecutivo de Dublín
aseguró que la nueva ley, que estará reforzada con "regulaciones",
ofrecerá "claridad y certeza sobre el proceso por el que se decide cuándo
es permisible la terminación de un embarazo".
Para el Gobierno, el aborto debe ser "permisible cuando
existe un riesgo real y sustancial para la vida -en vez de para la salud- de la
mujer y este riesgo solo puede evitarse con la terminación del embarazo".
El proyecto de ley tratará de acabar con el vacío legal desde que
el Tribunal Supremo de Dublín ampliase en 1992 las situaciones en las que se
puede interrumpir un embarazo si la vida de la madre corre peligro para
incluir, entre otras, la amenaza de suicidio.
Hace dos años la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer enferma de
cáncer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida corría peligro.
