El exprocurador
anticorrupción Ronald Gamarra afirmó
que el Estado le paga mensualmente al expresidente Alberto Fujimori, condenado
por violaciones a los derechos humanos y corrupción, una pensión como
exmandatario o como exdocente superior de la Universidad Nacional Agraria.
Explicó que independientemente de si el
expresidente cobra o no ese monto, el Estado
tiene derecho a embargarlo.
"Fujimori tiene derecho a una pensión, sí por su puesto.
No sé si la está recibiendo, pero que el Estado debe estar abonándole
mensualmente una pensión, por supuesto que sí", sostuvo en RPP Noticias.
Gamarra aseguró que es totalmente legal el embargo
de un 30 por ciento de todo el acumulado, aún la parte que pudiera no haber
sido cobrada.
"Según las leyes se pueden embargar hasta una tercera
parte de la pensión...no hay
persecución política, eso se hace respecto a cualquier condenado por corrupción
u otro delito, que no esté cumpliendo con el pago (de su reparación
civil)", señaló.
Aclaró que el Estado cuando tiene que cobrar una
deuda, lo debe hacer sobre los bienes que pertenecen al condenado, no a
terceros, a menos que hubiera bienes en común o en sociedad conyugal.
En ese sentido, sostuvo que la ex primera dama Susana Higuchi
"debe tener la seguridad de que no se tocarán sus bienes, pero si la parte
que le corresponde a Alberto Fujimori".
El actual procurador anticorrupción Julio Arbizu
informó en la víspera que en total están
pendientes de repatriar más 20 millones de dólares de la “mafia montesinista” depositados
en bancos del extranjero, cifra que podría duplicarse incluyendo los intereses.
Al respecto, Gamarra dijo que debería hacerse una
"investigación real" de lo que sucedió con los recursos del Estado en
la década del 90, puesto que el llamado "informe Kroll",
encargado a una empresa internacional con ese objetivo, tiene muchas
"especulaciones”.
Sobre si haría bien la Procuraduría en investigar
los bienes de los hijos del exmandatario Fujimori, a fin de detectar si son
producto del dinero de la corrupción, consideró que se debe indagar el destino
que el condenado dio a sus bienes.
"Si se desprendió de los bienes después de
iniciada la investigación, se debe pedir la nulidad y posteriormente debe venir
el cobro del Estado", aseveró.
Finalmente, el exfuncionario respaldó el trabajo
del procurador Arbizu, quien -dijo- está cumpliendo con su función conforme
corresponde. "Su labor es defender los intereses del Estado",
sentenció.
14 de Julio del 2012 Fuente RPP
